Columna de Óscar Contardo: Una Barbie de peluche

La negación del malestar que alimentó el estallido de 2019 no es sostenible en el tiempo. El relato que redujo los acontecimientos a una mera asonada delictual funcionó por un período marcado por los efectos de la pandemia, la crisis de seguridad y los resultados del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, pero no se puede sostener si el escenario de fondo sigue tal cual, sin cambios y en deuda con las demandas por pensiones, salud, ingresos y trato igualitario ante la ley.

La alarmante desconfianza generalizada en los partidos y en las instituciones políticas persiste, aunque disimulada por el miedo frente al avance del crimen organizado y el descontento por la situación económica. La distancia de la ciudadanía con la élite no es una percepción, sino un hecho mensurable que se viene registrando desde hace dos décadas y que tuvo un punto de inflexión con los casos de financiamiento ilegal de la política. El daño provocado por las sucesivas soluciones de impunidad fue tan profundo que el margen para desatinos o negligencias es estrechísimo: la línea de crédito venció hace cuatro años.

El gobierno y particularmente el Frente Amplio debería haber tenido claro que ya no se vale gobernar en petits comités de amigos desde los asados de fin de semana, menos aún desde una tertulia de vino y quesos en el living de un lobista. Eso que, a la vista, el olfato, el oído, tacto y gusto sabe a cabildeo, no se puede disfrazar de dinámica de grupo o seminario expositivo portátil. Para la mayor parte de la opinión pública hay una diferencia significativa entre diálogo con los gremios de empresarios en espacios y horario laboral, y servicio de delivery ministerial a domicilio. Una vez más el gobierno le ha dado el plato servido a la oposición para hacer gárgaras sobre responsabilidades políticas, olvidando sus propios registros de faltas a la probidad y jibarizando los escrúpulos a niveles psiquiátricos.

El discurso fiscalizador de las derechas ha seguido la línea argumental de la negación de las demandas sobre pensiones, salud y justicia igualitaria que explican la crisis de 2019: rechazan las reformas y la idea de elevar los tributos de los mayores ingresos argumentando que el Estado despilfarra recursos y que el rol de su sector es evitar que el dinero público se malgaste. Las derechas citan, como ejemplo de fraudes, los casos que le convienen y guardan silencio sobre aquellos que involucran a personalidades de su sector. Pontifican con firmeza sobre responsabilidades políticas ajenas en matinales y noticieros, pero el vigor desaparece cuando del caso Fundación Democracia Viva pasamos al caso de la Municipalidad de Vitacura, o el de la Municipalidad de Las Condes, o el de Algarrobo, o el de San Bernardo, todos gobiernos comunales que enfrentan respectivas investigaciones por irregularidades y fraudes, ocurridos durante gestiones de derecha, que suman varios miles de millones de pesos. La conversación sobre el fondo del asunto -cómo evitar el avance de la corrupción- queda empantanada entonces por la indolencia de quienes exigen responsabilidad a sus adversarios políticos y esquivan la propia haciendo un mutis por el foro cuando los hechos los señalan.

El silencio de los dirigentes de oposición se ha vuelto ensordecedor luego de que se conocieran los detalles de lo ocurrido en Maipú durante la gestión municipal de Cathy Barriga. La formalización de la exalcaldesa y de cinco exfuncionarios imputados de haber cometido fraude al Fisco y falsificación de instrumentos públicos estuvo colmada de información sobre métodos y artimañas escandalosas para mantener la opacidad en las cuentas y entorpecer los controles.

La exalcaldesa Barriga asumió en 2016 la alcaldía apoyada por un partido, la UDI, que suele invocar la sensatez y el sentido común como un atributo propio y excluyente, y acusar de populismo cualquier idea que le resulte desafiante o inconveniente. Sin embargo, en este caso ni los autos dorados ni las casas de jengibre, ni la bisutería de regalo fueron considerados criticables. Lo de Barriga, al parecer, no era populismo para la UDI, pese a que hizo una gestión reconcentrada en los recovecos de una personalidad volcada sobre sí misma, respaldada por el número de likes recolectados en sus cuentas de redes sociales. En su rol de alcaldesa, Cathy Barriga transformó a Maipú en el cuartel general de su propuesta estética inspirada en el planeta Barbie, con osos de peluche, coreografías en TikTok, concursos musicales y becas con su nombre y apellido como demostración de su vocación de servicio.

Ahora nos enteramos de que, a diferencia de lo sostenido por los dirigentes de la UDI que la apoyaron, las denuncias en su contra no eran una persecución política espuria por su fijación por el color rosa, sino la real preocupación por un desfalco acreditado de más de 30 mil millones de pesos. Según la Fiscalía, esta cifra equivale a 55 veces el monto defraudado por Democracia Viva y 28 veces al del caso de la Municipalidad de Vitacura. Los detalles del modus operandi establecido para un fraude de esa magnitud incluyen campañas comunicacionales de desprestigio a quienes intentaran frenar el despilfarro, esparciendo mentiras como política comunicacional y ocultamiento sistemático de información para evadir la fiscalización interna.

Luego de que el juez desestimara la solicitud de prisión preventiva para la exalcaldesa, Barriga abandonó el tribunal por la puerta trasera y a través de sus redes sociales envió un mensaje a sus seguidores: “El amor siempre va a estar sobre la maldad”. Una declaración esperanzadora que, sin embargo, no aclara si la justicia podrá sobreponerse a la impunidad, o si la política local algún día saldrá del pozo de desprestigio al que la arrojaron los partidos y sus dirigencias.