El 24 de julio será el día decisivo para definir al nuevo presidente y vicepresidente de la Cámara, cargos que dejaron los diputados Vlado Mirosevic (PL), Catalina Pérez (RD) y Carlos Bianchi (Ind.) en las últimas semanas. Ese día, los 155 diputados están convocados a sufragar. Si bien aún no está resuelto quién será el nuevo timonel de la corporación -que dirimirá entre un representante de la Democracia Cristiana (DC) o uno del Partido Comunista (PC)-, el oficialismo ya tiene los votos necesarios para mantener el control del hemiciclo.

Un papel clave en el desenlace de esta historia ha jugado el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), quien junto con “cabildear” los votos que ayudaron al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, a salvarse de la acusación constitucional, desplegó -paralelamente- negociaciones con varias bancadas, especialmente de grupos no alineados, para persuadirlos de que pactaran con el oficialismo un nuevo acuerdo administrativo con el fin de rotarse en la presidencia de la corporación y, eventualmente, redistribuir cupos en comisiones legislativas.

A pesar de que desde el mismo gobierno y desde algunos partidos como la DC o el Partido de la Gente (PDG) repetían que la acusación a Ávila y las tratativas para la presidencia de la Cámara eran materias que corrían por carriles separados, inevitablemente ambos caminos se entrelazaron.

De hecho, los apoyos que han brindado las bancadas del PS, el PPD y el Partido Liberal para que la DC encabece la corporación en el próximo período ayudaron también a que la falange diera señales de apoyo al ministro de Educación a días de que se votara el libelo.

Inversamente, el PDG mantuvo hasta el final el suspenso sobre cómo votaría la acusación, en vista de que había un reclamo no resuelto por un cupo que supuestamente les correspondería en la Comisión de Economía. Por esa misma razón, se reunió el martes por la noche el diputado Rubén Oyarzo (PDG) con Elizalde, a quien le pidió agilizar una solución. Al final el tema no se resolvió y los cuatro diputados del PDG terminaron votando a favor del libelo.

Al margen de esa situación, el rechazo a la acusación -por 78 en contra y sólo 69 votos a favor- fue una muestra de la mayoría que podría conseguir el oficialismo cuando tenga que elegir la nueva mesa. Incluso, esos números debieran ser mayores, ya que el día de la acusación hubo situaciones anexas que mermaron los votos en favor de Ávila. De partida, hubo ausencias por motivos de fuerza mayor y los cuatro diputados del PDG se han comprometido a votar junto al oficialismo en la elección de la mesa.

Las bancadas del oficialismo parten de una base de 64 diputados, que podrían crecer a 68 si se les suman los votos de los cuatro independientes asociados a sus bancadas (Camila Musante, Mónica Arce, Félix González y Viviana Delgado).

Si a ellos se les suman los cinco diputados DC, que ya han dicho que actuarán junto a las fuerzas gubernamentales en esta elección de mesa, el piso del oficialismo sube a 73.

Adicionalmente, la bancada del Centro Democrático Unido (CDU, integrada por exmilitantes DC, algunos de ellos hoy afiliados al recién creado Partido Demócratas) dio una señal importante al rechazar el libelo contra Ávila. Si bien en el pasado el CDU compitió junto a la derecha en el anterior proceso para renovar la mesa de la Cámara, en esta ocasión todas las señales indican que ahora estarán junto al oficialismo.

Un punto de inflexión en el giro que dio el CDU fue la pasada elección del vicepresidente de la Cámara, Cristián Tapia (independiente PPD), el pasado 3 de julio. Si bien esa votación no tenía mayor trascendencia, pues Tapia sólo asumió por un par de semanas en reemplazo del renunciado Carlos Bianchi, ese día obtuvo 78 votos, es decir, la mayoría absoluta de la Cámara. Esa votación se transformó en un apronte, en una medición de fuerzas entre el oficialismo y la oposición.

A partir de ese resultado, uno de los líderes de la bancada CDU, Miguel Ángel Calisto, notificó a la derecha que su comité no estaba dispuesto a correr nuevas aventuras testimoniales y públicamente comenzó a hacer un llamado para lograr un acuerdo amplio (con gobierno y oposición) que dé gobernabilidad a la Cámara.

Por lo tanto, si de aquí al 24 de julio no hay acuerdo entre oficialismo y oposición, es altamente probable que el CDU esta vez apoye al candidato del Ejecutivo para presidir la corporación, más aún en vista de los roces que generó en la derecha la decisión de esa bancada de apoyar al ministro Ávila. Con este grupo de diputados, ligados al Partido Demócrata, el oficialismo contaría con una base de 77 votos.

Si a ello se le suman los respaldos que aportarían los cuatro diputados del PDG, el legislador de Amarillos, Andrés Jouannet, y los independientes René Alinco, Pamela Jiles y Carlos Bianchi -quienes aparentemente estarían inclinados en votar por la carta gubernamental-, el oficialismo podría llegar hasta los 85 votos.

Desde el PS relevan que el gran articulador de esta base de votos fue el ministro Elizalde.

El diputado PS Tomás de Rementería destacó al titular de la Segpres. “Quiero felicitar al ministro Elizalde que logró sacar fortalecido al gobierno de una acusación que estuvo muy difícil. Sacamos la pelota desde dentro del arco. Esta acusación estaba perdida. Mediante el diálogo se pudo formar una gran mayoría, que se va a consolidar el lunes 24 para la presidencia de la Cámara y se va a seguir consolidando para las reformas que Chile necesita”.

Su par de la bancada socialista Raúl Leiva también se mostró esperanzado de la nueva mayoría que podría replicarse para escoger la testera de la corporación: “El ministro Elizalde no sólo hace su trabajo, lo hace extraordinariamente bien”, destacó.

El nudo, eso sí, aún radica en la fórmula de partidos que compondrán la testera. Hace algunos días, desde la sede de Santiago del Congreso Nacional, el presidente de la DC, Alberto Undurraga, y el jefe de bancada de diputados del partido, Eric Aedo, dieron a conocer su postura sobre la próxima presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, dando a entender que, en esta oportunidad, le corresponde a su partido asumir el cargo.

De acuerdo a lo pactado por las diferentes bancadas a inicios del periodo legislativo, la primera presidencia de la Cámara Baja la tomó el diputado Raúl Soto (PPD), posteriormente, el puesto sería ocupado por el Partido Comunista (PC), de la mano de la parlamentaria Karol Cariola. Sin embargo, en noviembre del 2022, ante la negativa de diversos sectores -dado el rol de Cariola como vocera en la campaña del Apruebo-, entre los que estaban la DC, el PDG y algunos diputados independientes, el PC dio un paso al costado y renunció a la candidatura para presidir la instancia.

Bajo ese escenario, la presidencia le fue otorgada al diputado Mirosevic (PL), quien renunció a la testera a fines de junio, de acuerdo a lo pactado.

Así las cosas, la DC está reclamando que es su momento de ocupar el puesto, según lo estipulado en el pacto administrativo, mientras que en el PC ponen sobre la mesa que el turno les corresponde a ellos. Mientras en el primer partido el nombre que concitaría mayor adhesión es el del diputado Ricardo Cifuentes, en el segundo -dada la prelación de jefe y subjefe de bancada- podrían ser Luis Cuello o la propia Cariola (opción más difícil).

Cuello, jefe de bancada de los diputados comunistas, quien ha estado en contacto con la directiva del partido por este asunto, afirma que “nosotros vamos a insistir y reiterar que se respete el mejor derecho que tiene nuestra bancada para asumir la conducción de la mesa en este período, que además es particularmente importante desde el punto de vista simbólico que nuestra bancada asuma la presidencia en el contexto de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado (...). Nosotros queremos persuadir y convencer al conjunto de las fuerzas políticas que suscribieron el acuerdo que lo mejor para la Cámara es que se respeten estos principios. Eso garantiza una cierta gobernabilidad y el cumplimiento del cronograma que se había previsto hacia el futuro”.

Lo propio señala la parlamentaria Marisela Santibáñez (PC). “Nuestra bancada va a pelear todo lo que es un derecho. Nosotros cedimos la presidencia que nos correspondía por un tema de fluidez para el gobierno (...). No fue un momento fácil, pero es la disposición a que esto avance. Por lo tanto, por lógica, tendría que ser esta la presidencia del PC (...). No se ve humo blanco en este momento y por lo sucedido antes, donde se incumplió el acuerdo, uno puede esperar cualquier cosa”, dice.

Mientras que el jefe de bancada DC, Eric Aedo, plantea que “creemos que el miércoles, en el marco de la votación de la acusación constitucional (contra Ávila), los partidos que suscribimos ese acuerdo administrativo dimos una señal de seriedad política y esperamos que ese buen criterio se mantenga hasta la elección de la mesa”.