Gajardo y Piedrabuena: fiscales contrastados

Como fiscal nacional entre 1999 y 2007, Guillermo Piedrabuena fue clave en la implementación de la Reforma Procesal Penal que cambió la forma de hacer justicia en Chile. Hoy, junto a Carlos Gajardo, uno de los fiscales que han ganado mayor notoriedad, analiza el espacio preponderante que el Ministerio Público tiene en la agenda mediática.

En 1990, para el retorno de la democracia, mientras Guillermo Piedrabuena Richard era designado presidente del Consejo de Defensa del Estado, un joven llamado Carlos Gajardo Pinto entraba por primera vez a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Años más tarde, ambos abogados coincidieron al interior del organismo que defiende los intereses del Fisco, para pasar luego a ser parte importante de la historia de un organismo que cambió la forma de impartir justicia en Chile: el Ministerio Público. Piedrabuena como, el primer fiscal nacional, y Gajardo, como uno de los fiscales más reconocidos del último tiempo (fue el primero en investigar el financiamiento irregular de la política), analizan hoy el rol de esa institución en la agenda pública.

Un total de 36 años separan a estos dos generaciones de fiscales que se juntaron ayer en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile para discutir cómo ven el recambio en el sistema de justicia en el país, la irrupción de los fiscales en la pauta mediática y los pendientes con miras al futuro.

Señor Piedrabuena, usted fue protagonista de los primeros años del Ministerio Público y el fiscal Gajardo lo es en la actualidad, ¿cómo recuerdan la Reforma Procesal Penal y su consolidación?

GP: Ha habido cambios importantes, la mayoría positivos. La última etapa de la justicia penal antigua fue muy deficiente, los actuarios tenían mucho poder y eso se trató de cambiar con la reforma con una justicia más transparente y cercana. Costó que se entendiera este cambio. Muchos abogados connotados escribían a los diarios diciendo que esto no iba a resultar, de las pocas excepciones fue la del actual decano de esta escuela, Davor Harasic, que opinaba favorablemente a este cambio de justicia. Costó mucho que la ciudadanía separara los roles entre el fiscal, que ahora estaba a cargo de la investigación, y del juez. ¡Incluso hubo por ahí en el norte algunos jueces que decretaron la detención de fiscales que no les obedecían! Imagínese, hubo que recurrir de amparo ante la corte. Hubo un período de afiatamiento, yo diría, hasta que la reforma llegó a Santiago. Hasta esos años hubo resistencia, incluso al interior del Poder Judicial. Hoy por hoy, no hay ninguna persona calificada que opine que haya que volver al proceso antiguo.

CG: Éramos gente muy joven, en muchos casos eran los primeros trabajos. Los mayores conflictos los teníamos no en los tribunales de garantía, porque esos jueces también eran nuevos, sino en los tribunales orales. Muchos jueces del crimen habían pasado a ser jueces orales y, claro, ahí nos enfrentábamos a los jueces antiguos y siempre, o muchas veces, ellos decían ‘estos fiscales no saben hacer el trabajo, no saben investigar’. Nos enfrentamos a más absoluciones de las debidas, lo que se corrigió en las cortes.

Pero la verdadera revolución fue absolutamente el tema de la publicidad. Antes del año 2000, lo que sucedía en los tribunales de justicia era bastante misterioso, incluso para los abogados, mucho más para el conjunto de las personas.

¿Comparte usted, Sr. Piedrabuena, que la publicidad le hizo bien al proceso o fue un exceso?

GP: Claro, la publicidad es un atributo de la nueva justicia y las restricciones están en el Código y las decreta un juez. Y para quienes reclaman, se debe saber que en el sistema antiguo las cosas también se sabían. Los abogados calificado tenían conocimientos del expediente en su parte final. ¿Cómo?, a través de distintos medios no siempre lícitos para obtener, desde la policía u otro lugar antecedentes. Por eso también es buena la publicidad actual, es más democrática. Porque antes un abogado avezado, dedicado a la materia penal antiguo, tenía conocimientos. Siempre la publicidad va a disgustar, porque afecta a un lado o al otro, pero es buena.

CG: Yo creo no es sólo un tema de la justicia, sino que el mundo en general camina hacia la transparencia. Hay toda una dirección que ha tomado el mundo, en una serie de temas en favor de la transparencia, cosa que evidentemente es muy positiva y efectivamente hay un tema de democratización, o sea, en la medida en que pocas personas tienen información, esas pocas personas son las que pueden tomar las decisiones, en la medida en que la información se abre, la sociedad termina siendo más democrática, porque cada persona puede tomar sus propias decisiones, hacer sus juicios, exigir modificaciones, pedir responsabilidades, etc.

Fiscales y redes sociales

Pese a sostener que es malo con la tecnología, que le cuesta responder su celular y que incluso, desconfía, “hasta del e-mail”, porque “se pueden mal interpretar cosas”, Guillermo Piedrabuena no descarta que, de haber sido más joven, podría haber sido parte de los fiscales que ocupan activamente redes sociales. Aunque se detiene, lo piensa mejor y dice que quizás no.

GP: Creo que en todas partes del mundo, los fiscales destacados, es imposible que tengan bajo perfil. Eso es una realidad que no se puede ocultar, el tema es que estos fiscales destacados no se excedan de repente en sus declaraciones, en el sentido de adelantar juicios sobre lo que va a ser el veredicto final, porque ellos no son jueces y los jueces no pueden estar presionados por los fiscales con declaraciones de quién va a ser el culpable o no culpable. Y si me pregunta, el que los fiscales opinen tanto le veo más desventaja que ventaja.

¿Y usted, fiscal Gajardo, que es de la generación de recambio y activo tuitero, se siente líder de opinión?

CG: No. Yo de repente pongo alguna foto de fútbol o qué sé yo. De lo que opino mucho sí, es sobre temas de corrupción. Y esto sí es un tema profundo, una de las grandes virtudes que ha tenido la Reforma Procesal en Latinoamérica ha sido dar un combate mucho más potente en contra de la corrupción. Fíjese que el fiscal brasileño del caso Lava Jato, lo que acaba de decir es una frase muy interesante. Dice, ‘Latinoamérica hoy día está siendo conocida por sus fiscales y no por sus generales como era antes’. No puede ser casualidad que esto esté sucediendo en muchos países de América Latina, y en eso, hay un rol que el fiscal cumple, guste o no que es la representación de la sociedad. Y en este país tenemos también desafíos importantes en materia de corrupción.

GP: Yo comparto plenamente los juicios que ha hecho el fiscal Gajardo sobre la corrupción y sobre el papel que han tratado de jugar los fiscales, para combatir desde su punto de vista lo que pueden ellos, el problema de la corrupción.

¿Existen en la actualidad presiones de políticos a los fiscales a la hora de investigar?

CG: La verdad es que eso yo no lo sé. Yo soy un fiscal de segunda línea y, por lo tanto, yo nunca he recibido nada semejante a eso y lo que sucede aguas arriba yo soy completamente ignorante.

¿Y usted, señor Piedrabuena?

GP: Mire, no estoy al tanto de lo que está pasando en este momento en la fiscalía, pero es obvio que hay poderes fácticos que están inquietos por investigaciones de corrupción, a veces de un lado, a veces de otro lado, a veces hay propuestas de empate que no se investigue ni a un lado, ni al otro lado. Todo eso es nefasto para Chile, pero yo entiendo que las autoridades superiores del Ministerio Público se han resistido esa especie de juego político.

Desde 2014, cuando estallan los casos de platas políticas, toman mucha visibilidad fiscales como Gajardo, Arias, Norambuena, etc…

GP: Ha sido un periodo tempestuoso, porque han entrado en colisión los intereses políticos con los intereses del sistema procesal nuevo. Ha sido bastante estresante (…). Lo que yo sostengo es que la ley por muy importante que sea, lo que importa es la Constitución política y, por lo tanto, el Ministerio Público tiene las facultades independientemente que el SII no quiera iniciar los procesos, las tiene.

Ahora, en la práctica se ha seguido un camino intermedio y los fiscales cuando comprueban la existencia de un delito tributario le mandan los antecedentes al SII para que actúe. A veces actúan con querellas nominativas, a veces con querellas no nominativas y la jurisprudencia ha dicho que basta que el hecho delictuoso se esté investigando. Pero bueno, yo solitario en mi posición, creo que las leyes deben interpretarse de acuerdo a la Constitución. Usted ve que soterradamente el legislador -vale decir de gobierno o de oposición, aquí están todos de acuerdo- le ha ido quitando ciertas atribuciones al Ministerio Público y eso es muy peligroso, especialmente en periodos que uno ve que la corrupción está en todas partes.

CG: Suscribo a eso, pero tanto el ex fiscal nacional Sabas Chahuán, como el actual, Jorge Abbott, han criticado mucho que se esté legislando de esta manera.

Como dice el ex fiscal Piedrabuena lo que está sucediendo es que se está exigiendo para investigar determinados delitos que curiosamente son todos delitos de cuello y corbata que afectan a la elite política y económica del país, porque estamos hablando de delitos electorales que pueden cometer personas que son candidatos a ser electos en algún cargo de representación popular. En los delitos de colusión estamos hablando de altos empresarios de las cadenas más importantes del país y los delitos tributarios que por definición también los pueden cometer personas de altos ingresos, justo en esos delitos de cuello y corbata el legislador ha establecido que para que la fiscalía pueda iniciar una investigación, puede haber una denuncia o querella, ¿de quién? De un funcionario administrativo, del director del SII que es manejado por el Ejecutivo, del presidente del Servel, que es un organismo que de alguna manera está cuoteado políticamente o del fiscal nacional económico que es el que probablemente tiene mayor independencia.

¿Dicen entonces que lo que ocurre hoy es inconstitucional, es decir el Ministerio Público debería presentar un recurso en el TC?

GP: Me parece que sí y algunos han planteado que para dejar de aplicarla debería plantearse un recurso ante el Tribunal Constitucional. Tengo que tener un caso pendiente, pero yo ya estoy de observador…

CG: Yo creo que ya es algo que la fiscalía debería evaluar seriamente, recurrir al TC.

GP: Muy de acuerdo, señor fiscal.

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